Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial

Carlos Dívar, presidente del Poder Judicial

    Como he dicho en alguna ocasión, y parece que el tiempo me va dando cada vez más la razón, es un error monumental dogmatizar a las instituciones político-democráticas o al poder judicial. Desde hace tiempo el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo viene protagonizando algunos casos lamentables que ponen en cuestión los pilares mismos de la institución, pero el caso Dívar ha dinamitado cualquier atisbo de credibilidad que pudiera quedar.

    El pleno realizado para explicar por qué el presidente y cabeza más visible de esta institución ha gastado −muchos dicen malversado− más de 13.000 euros (aparte de las dietas y de los siete escoltas) en veinte viajes de carácter privado a Puerto Banús. La actitud de Dívar es la del niño que se mira las manos para ver si las tiene rojas después de que alguien haya dicho que el culpable tenía las manos rojas. Su atrincheramiento en el supuesto carácter privado de sus viajes y en el aristocrático acuerdo firmado en 1996 de no tener que dar explicaciones sobre en qué se gastan los dineros los miembros del Tribunal Supremo no hacen sino convertirle en más sospechoso todavía. Su negativa de dar explicaciones tanto al resto de miembros del Tribunal como a los medios de comunicación es escandalosa, porque por una parte demuestra que la justicia no se aplica por igual a todos y que hay clases y clases, y por otra equivale a negarle esa explicación al conjunto de la ciudadanía española, para los que se supone que trabaja, los que le pagan el sueldo, y por lo visto costean las vacaciones de lujo.

    El pleno en cuestión parece más un circo o una pelea de parvularios que un Tribunal Supremo. Los miembros echándose mierda unos a otros, sacando a la luz viejas rencillas y cubriéndose entre ellos para destapar lo menos posible la caja de Pandora. Realmente lamentable. Gómez Benítez, el abogado que ha presentado la denuncia dirigia a Dívar, parece aducir razones de peso para haber actuado al margen de la institución: denunciar el despilfarro de gastos de altos cargos es hacer política con mayúsculas, la que quieren los españoles. Frente a la valentía de Gómez Benítez, la cobardía de todos aquellos vocales que exigen su dimisión. Parece que a estas alturas nadie cree en Dívar, pero se le mantiene porque es lo menos malo de todo lo malo, porque su retirada pondría en tela de juicio permanente y definitiva al Poder Judicial.

    Pero, ahora bien, mantener a Dívar simplemente por no remover la mierda y evitar el cuestionamiento de uno de los tres pilares del Estado es una actitud corporativista que dice mucho de aquellos que son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley en nuestra sociedad. Sinceramente, Justicia, tocada y hundida en España.

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