Foucault a acuarela (Fuente).

A nadie sorprende encontrar, en la lectura del noticiario o en los programas de televisión, el goteo constante de sucesos criminales. Desapariciones, feminicidios,  bandas de atracadores, tráfico de drogas o reyertas nocturnas. Es algo a lo que estamos acostumbrados y que, salvo en contadas ocasiones, no llama la atención. No obstante, hay casos en que, por la magnitud del crimen, por el seguimiento de los medios de comunicación, o por una mezcla de ambos, ese goteo se convierte en un maremoto y domina durante un tiempo la opinión pública. Así por ejemplo, el caso de la violación múltiple de La manada, o  el más reciente caso del infanticidio del pequeño Gabriel.

En casos de tal magnitud, la opinión pública oscila entre dos extremos: aquellos que piden sin rubores un castigo ejemplar para el procesado, e incluso penas que no se contemplan en el código penal (como pudiera ser la pena de muerte) y aquellos que con prudencia suspenden el juicio y reclama que la justica «haga su trabajo».

En el primer extremo, lo que se exige de manera general parece ajeno a la dinámica judicial y el código establecido. La naturaleza del crimen sería tan aberrante que lo situaría en un lugar distinto al del resto de sucesos. Exigiría, por así decir, un código penal propio, o serviría de modelo para un código más restrictivo: el caso aislado que sale a la luz justificaría por si mismo el endurecimiento general de las penas.

 En el segundo extremo, lo que se enuncia son los principios visibles del poder judicial en un sistema democrático: un régimen autónomo, imparcial, abstracto y conforme a una legislación que es la misma para todos.

Ahora bien, ¿es realmente la justicia igual para todos? Una de las ideas que recorre con más insistencia Vigilar y castigar es la de que el desarrollo histórico del «sistema carcelario» invade, inunda y perturba el funcionamiento que se anuncia como “imparcial” de la justicia. Bajo la administración de las penas, lo que se esconde es la distribución, regularización y clasificación diferencial de lo permitido y de lo prohibido según códigos de dominación. El poder de castigar es la expresión del poder de unas clases sociales sobre otras, el control de las desviaciones en la clase dominada, la canalización de los ilegalismos y la imposición de una norma a seguir:

«Son estos procesos los que encontramos tras toda una serie de afirmaciones bien ajenas a la teoría penal del siglo XVIII: que el crimen no es una virtualidad que el interés o las pasiones hayan inscrito en el corazón de todos los hombres, sino la obra casi exclusiva de una determinada clase social, […] que en estas condiciones sería hipócrita o ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en nombre de todo el mundo, que es más prudente reconocer que se ha hecho para algunos y que recae sobre otros».

Desterrar la imagen de la justicia «ciega» y ajena a dinámicas de poder, y añadir a esto la producción de la figura del delincuente por parte del sistema carcelario (no ya alguien que ha cometido un crimen, sino alguien que por su naturaleza intrínseca es criminal; alguien a quien se debe controlar, analizar, examinar, evaluar, reeducar; y que además se inscribe entre las clases populares), nos permitirá entender mejor el modo como se publicitan los casos de interés y la manera en que se dirigen las tomas de posición de la población.

Así, no es casual que en el caso de La manada los medios de comunicación difundieran detalles acerca de la vida de la víctima, cuestionaran su «moralidad» o la veracidad de su relato; y que también pusieran un particular empeño en proteger la identidad de los violadores u omitieran datos acerca de sus vidas privadas. En aquel caso el crimen respondía a una dinámica de dominación bien conocida, la del hombre sobre la mujer. Quien ponía en cuestión el orden establecido no eran los violadores, sino la víctima; y era a ella y no a los criminales a quien había que analizar, examinar, evaluar, y en último término, reeducar. Era ella quien se había desviado de la norma y quien había alterado las dinámicas de poder.

Por contra, en el caso del infanticidio de Gabriel, la criminal encarna todos los males de las clases populares. Los medios de comunicación están legitimados a escarbar en cada uno de los detalles de su vida privada, buscando en su genealogía la explicación del crimen cometido, y prolongando a través del caso aislado el estigma de la raza y el género. Aquí los medios de comunicación insistirán en la difusión de cada uno de los detalles del caso, en la naturaleza aberrante de la infanticida, en el dolor de las víctimas. El asesinato expresa de manera paradigmática lo que se reclama de la producción de la delincuencia y legitima de esa manera la reproducción de mecanismos generales de dominación, vigilancia y corrección. Endurecimiento de las penas, sí, pero para las mujeres, los pobres y los negros.

También este esquema es útil para entender otros de los procesos judiciales que más han llamado la atención últimamente: los casos de encarcelamiento a raperos por críticas a la corona, el jefe de estado o determinados líderes del sistema democrático. La dinámica es incomprensible si se aborda desde la fe ciega en el derecho a la libertad de expresión y la imparcialidad de la justicia. Lo cierto es que este tipo de «delincuente» se sitúa entre las clases populares y cuestiona (de manera más o menos acertada, con mayor o menor profundidad) la articulación del poder. En ese sentido, la extensión de la vigilancia y el control de la población incorpora como elemento que debe ser corregido la verbalización de la disconformidad. La proliferación técnica de medios hábiles para difundir opinión lleva aparejada la intensificación de la vigilancia y de estrategias correctivas, entre las que se cuenta el uso del aparato judicial. Reivindicar aquí la libertad de expresión como un derecho general previo del que se disponía, y que se ha soliviantado, es no entender que la única expresión legítima (la que se ajusta a la norma y no se desvía) es siempre la que refuerza el sistema establecido.

A la inversa, en los casos en que algún miembro perteneciente a las capas dominantes de la sociedad pueda ser procesado (políticos, miembros de la realeza, banqueros) las penas serán laxas o incluso quedarán sin efecto. La justicia opera precisamente para que ellos puedan actuar con impunidad, y no por un «defecto» o una sucesión de fatalidades. En su propia naturaleza está el preservar los privilegios de las clases dominantes. No es un instrumento ciego que de manera abstracta separe lo permitido de lo prohibido. Es un instrumento que sirve para fijar, distribuir y regularizar estructuras de dominación. Dice Foucault:

«La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra. […] Y si se puede hablar de una justicia de clase no es solo porque la ley misma o la manera de aplicarla sirvan a los intereses de una clase, es porque toda la gestión diferencial de los ilegalismos por la mediación de la penalidad forma parte de esos mecanismos de dominación».

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