Imagen vía Depositphotos.

Como cada nuevo año, un conjunto de obras que hasta ahora estaban protegidas por derechos de autor entran en el dominio público, aunque hay que tener en cuenta que los plazos son algo distintos según el país donde nos encontremos. Esta disparidad de plazos dependiendo del país da pie a un pequeña reflexión sobre el uso opaco que se hace de esta herramienta que se supone que debe proteger a autores y creadores.

En el caso concreto de Estados Unidos, entre las obras liberadas se encuentran Al faro de Virginia Woolf, las últimas historias de Sherlock Homes de Arthur Conan Doyle, la película de Fritz Lang Metrópolis, el primer thriller de Alfred Hitchcock o las composiciones de Louis Armstrong. Muchas de estas obras, en teoría, deberían haber entrado en el dominio publico en 2003, pero el Congreso de EE.UU. Decidió ampliar los plazos de derechos de autor veinte años más. El mecanismo que permitió esta trampa legal fue la Ley de extensión de los derechos de autor de 1998, también conocida como Ley Sonny Bono. Al aprobarla, los legisladores estadounidenses permitían que el negocio que supone la propiedad intelectual continuara dos décadas más.

Todo comenzó en 1790, cuando el Congreso promulgó la primera ley de derechos de autor, que otorgaba a los autores una protección de 14 años, prorrogable a otros 14 años si el autor lo solicitaba. El plazo se fue alargando gradualmente hasta 1976, cuando se extendió de 19 a 75 años, y luego 20 años más con la Ley Sonny Bono. Esta medida, que en realidad se tomó para impedir que Micky Mouse pasara al dominio público, hizo que los estadounidenses tuvieran que esperar dos décadas más para tener la libertad de adaptar y reutilizar obras que para los europeos ya habían pasado al dominio público.

Especialmente paradigmático es el caso de Sherlock Holmes. Se argumentaba que Holmes y el Dr. Watson permanecían protegidos por los derechos de autor, incluso aunque muchos de sus libros ya habían pasado al dominio público, porque, de hecho, que una obra haya pasado al dominio público no significa que sus personajes también lo hagan. Un abogado y estudioso de Holmes, Leslie Klinger, trató de recurrir esta situación y pasó por una serie de tribunales hasta que en 2014 se topó con un callejón sin salida. Según Posner, la estrategia del Conan Doyle Estate Ltd, herederos de los derechos consiste en cobrar una tarifa no demasiado elevada para que nadie se arriesgue a una demanda por infringir los derechos de autor y tenga que hacer frente a los costes legales.

El problema no es, por supuesto, la propiedad intelectual en sí, cuyo concepto es muy positivo para los autores, que deben ser recompensados por su creatividad, sino a la situación en la que esta se monopoliza y se convierte en un arma al servicio de intereses corporativos, que además encuentran el respaldo de los legisladores.

Comentarios

comentarios