Ilustración de Mikel Casal

Ilustración de Mikel Casal

    Desde el 1 de enero de 2013 pasan a formar parte del dominio público la obra de autores muertos en 1942 (hace 70 años). La lista incluye escritores tan importantes como Stefan Zweig y Robert Musil o antropólogos de la talla de Franz Boas y Malinowski. No es necesario recordar que, siendo todos extranjeros, lo que deja de tener derechos de autor es la obra original de estos autores, no así sus traducciones, que son propiedad de sus correspondientes traductores. Este año no parece que haya autores españoles de renombre que pasen a formar parte del dominio público, y ello pese a que, basta consultar cualquier manual, Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942 en una cárcel en Alicante. ¿Por qué motivo, entonces, el poeta valenciano no ha pasado al dominio público a principios de este año?

    Lo cierto es que la ley que se aplica a sus derechos de autor corresponde a la Ley de Propiedad Intelectual del 10 de enero de 1879 ‒ya ha llovido, ya‒, que establece un plazo de duración de los derechos de autor de 80 años. No fue hasta más de un siglo después, en 1987, que la Ley de Propiedad Intelectual se revisó, rebajando la duración a 60 años, aunque se estableció que para los derechos de explotación de las obras de autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 se mantendría la duración de 80 años prevista por la ley de 1879. Actualmente, sin embargo, la duración de los derechos se ha ajustado a 70 años para adaptar la legislación a una directiva europea de 1983; pero, de cualquier modo, la duración de 80 años se mantiene.

    Esto produce una situación completamente absurda en España en lo que a derechos de autor se refiere. Aunque la legislación establece una duración de 70 años, por una ley de hace más de 130 años prácticamente la totalidad de las obras cercanas a la expiación es de 80 años, y así será por lo menos hasta el año 2057.

    Con respecto a los derechos de autor de Miguel Hernández, esta confusión, que nada tiene de inocente, ha sido usada en 2011 por el Ayuntamiento de Elche en beneficio propio. Alegando que la obra del poeta pasaría a dominio público en 2013, el Ayuntamiento rescindió el contrato por el que se comprometía a pagar durante 20 años 150.000 euros anuales para poner en marcha la Fundación Miguel Hernández y 7.000 euros mensuales para la familia en concepto de cesión del legado. Según Pablo Ruz, portavoz municipal, no tenía sentido pagar por unos derechos que dejarían de tener valor en unos meses. El resultado final ha sido la retirada, por parte de la familia, de todo el legado del poeta, que finalmente ha acabado en Jaen.

    En fin, Mark Twain, a pesar de ser un firme defensor de los derechos de autor, resumió la cuestión con toda su picardía característica al decir que «sólo una cosa es imposible para Dios: encontrarle algún sentido a cualquier ley del copyright del planeta».

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